El procurador del PP por Soria ha defendido la idoneidad de la nueva Ley de Blindaje de los Servicios Públicos de Castilla y León, aprobada esta semana por el pleno de las Cortes. Una norma pionera a nivel nacional que incluye seis artículos sobre ámbitos como Educación y Sanidad en el medio rural. La ley conlleva que sea el poder legislativo y no el ejecutivo el que tenga la potestad de suprimir los servicios públicos actuales.