El Gobierno ha aprobado un real decreto que establece el reparto obligatorio de los menores migrantes de los puntos donde se registre saturación de los sistemas de acogida a otras comunidades. Un acuerdo alcanzado con Junts que según los criterios establecidos beneficiará a Cataluña y País Vasco respecto a otras autonomías y que hoy ha sido rechazado por la vicepresidenta de la Junta en plena polémica por el centro de Puente Ladrillo.