La pandemia del COVID ha provocado que la tasa de emancipación en Castilla y León haya bajado un punto y medio, por lo que solo el 15,3 por ciento de los jóvenes entre 16 y 29 años vive en un hogar independiente. Un porcentaje que se dispara hasta el 70,1 por ciento en el grupo con edades comprendidas entre los 30 y los 34 años. Es decir de los 292.323 jóvenes menores de 30 años existentes en la Comunidad, menos de 45.000 están emancipados de sus padres. Además, hay otro dato que destaca el Observatorio de Emancipación del segundo semestre de 2020, elaborado por el Consejo de la Juventud, como que uno de cada de cuatro personas entre 30 y 34 nacidas en Castilla y León residía en otras comunidades, principalmente Madrid.  

Una situación que, según el informe, está intensamente relacionada con la elevada tasa del paro entre la población joven, que cayó hasta el 22,9 por ciento en el cuarto trimestre de 2020, aunque es siete puntos de la media nacional, y con la baja empleabilidad del colectivo, ya que, a finales de año, un 37,6 por ciento de ellos tenía un trabajo en la Comunidad. Un empleo que, además, viene marcado por la alta temporalidad contractual, que pasó del 53,7 por ciento en el primer semestre del año al 52,3 por ciento en diciembre. Una precariedad que es "mucho más" frecuente entre las mujeres jóvenes (56,8 por ciento) que entre los hombres de su misma edad (48,3 por ciento). En paralelo, más de la mitad de la población joven (51,2 por ciento) es inactiva laboralmente, aunque la mayoría estudiaba.  

En todo caso, la participación laboral de la población joven castellano y leonesa apuntó una "leve" recuperación con el impacto de la pandemia, con una tasa de actividad  que aumentó casi dos puntos entre el primer y segundo semestre de 2020, hasta el 48,8 por ciento. Pese a ese incremento, continúa por debajo de la media nacional, que se situó en el 52,2 por ciento. A ello se suma la subocupación (personas que trabajan menos horas de las que realizan otras en categorías similares), que se situó en el 17,8 por ciento), la sobrecualificación (46,5 por ciento) y la temporalidad que derivan en una "fragilidad" laboral.  

La presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Sandra Ámez, aseguró hoy que todo ello repercute en las expectativas y proyectos vitales de la población joven, conteniendo sus procesos de emancipación residencial a la espera de alcanzar una estabilidad laboral y económica. Además, mencionó que esa situación ha traído consigo un aumento de los problemas de salud mental.

Añadió que tener un empleo no asegura, entre el colectivo juvenil, estar libre de caer en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta tasa se situó en el 2019 en el 17,9 por ciento en Castilla y León, frente al 31,7 por ciento de la media nacional. Es decir, casi dos de cada diez jóvenes de la Comunidad está en riesgo de padecer la pobreza o la exclusión social.  

Otro de los elementos diferenciadores de Castilla y León es la proporción de jóvenes con nivel formativo en estudios superiores que, pese a bajar un 3,4 por ciento, se situó en el 27,5 por ciento. Un porcentaje que es superior al conjunto de España. El observatorio también destaca que el saldo migratorio interautonómico negativo (-9,2 por cada mil personas residentes), pues en 2019 un total de 2.720 jóvenes abandonaron Castilla y León para trasladarse a otros lugares de España.  

En este sentido, el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, consideró que este hecho debe traducirse en una "potencialidad" y "suerte" para la Comunidad. "La formación de los jóvenes es uno de los pilares del desarrollo social, económico y empresarial, que ha de repercutir en el empleo", manifestó. Expuso que Castilla y León tiene lo que otros territorios demandan porque, a su juicio, es inadmisible formar a jóvenes para que, luego, realicen su actividad y generen riqueza fuera. A su juicio, es un asunto que debe "ocupar" a las administraciones para corregir estos "desajustes".

El Consejo de la Juventud alertó que la Comunidad ha perdido, desde 2010, población joven de manera "sistemática" por las emigraciones hacia otros territorios del país. Hasta el punto que Castilla y León lidera el listado de comunidades con más población entre 16 y 34 por ciento que no reside en la misma provincia en la que nació.  

La falta de una estabilidad en el empleo y de un trabajo mejor remunerado genera que el coste teórico de acceso a la vivienda libre resulte "inasumible" para joven asalariado, ya que implicaría sobrepasar el umbral del 30 por ciento de endeudamiento máximo.  Hasta el punto que una persona joven debería destinar el 62 por ciento de su salario para el pago de la renta de alquiler y un 38 por ciento para la cuota hipotecaria.  

Sandra Ámez subrayó que los datos del observatorio muestran problemas estructurales, que se repiten "generación tras generación" sobre el colectivo joven, hasta situarlos en una situación "muy vulnerable". "No podemos romantizar ni normalizar la vida de los jóvenes, con mensajes de que la juventud desea estar un montón de años en casa de sus padres o que le encanta compartir piso", significó.

Políticas con enfoque transversal

De ahí que la presidenta autonómica del Consejo de la Juventud considerara "imprescindible"  impulsar políticas de juventud con un enfoque transversal para paliar la precariedad  del colectivo juvenil de la Comunidad. "Somos el presente y necesitamos un presente y no tener que marcharnos, llevando todo nuestro talento a otros lugares", concluyó.

En el mismo sentido, se pronunció la vicepresidenta nacional del órgano, Margarita Guerrero, aseguró que el Observatorio de Emancipación es una "llamada urgente" a la acción para aportar soluciones a una situación que se "cronifica" desde hace tiempo. "Urge poner en marcha políticas públicas valientes que resuelven estos problemas. No podemos obtener resultados diferentes si continuamos haciendo siempre lo mismo", afirmó. De ahí que exigiera situar la problemática de los jóvenes en el "centro", ante las próximas reformas de las leyes de vivienda y laboral.  

Preguntada por el bono joven de 250 euros para pagar el alquiler, anunciado por el Gobierno de la Nación, Guerrero señaló que el Consejo de la Juventud se muestra "cauto" con su implementación porque aún no está la normativa que regulará esa figura y dependerá de la concreción de la Ley de vivienda. "En otros países, donde se ha implantado una ayuda similar, en ausencia de una regulación de precios del alquiler, ha tenido un efecto pernicioso porque de cada euro que se destinó al bono, 78 céntimos van destinando a la subida del alquiler y solo 22 sirven para bajar el precio", aseveró.

En cuanto al bono cultural, lo vio con "buenos ojos", ya que no solo permite el acceso al otro tipo de ocio a los jóvenes, sino que, además, es un apoyo directo a un sector muy afectado por la pandemia.