Las Cortes de Castilla y León protegerán con rango de ley la posibilidad de que la relación de especies cinegéticas pueda ser modificada por decreto de la Junta, una cuestión que hasta ahora había supuesto diferencias jurídicas y que había provocado sus anulaciones por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), como sucedió esta semana. El Grupo Parlamentario Popular presentará este jueves una proposición de ley, con el apoyo de los grupos Socialista, Ciudadanos y la Unión del Pueblo Leonés, por el que se blinda este punto, tal y como informaron a la agencia Ical fuentes parlamentarias, y que enfrenta el argumento del tribunal sobre la "inexistencia de informes en los que se justifique la posibilidad de declarar cada una de las especies", contra lo que uno de los magistrados emitió un voto particular.
De este modo se pretende asegurar en el tiempo un marco jurídico estable para la realización de la actividad cinegética mediante la constatación por ley, en el marco de la normativa europea, nacional y de la Comunidad, de las especies cinegéticas, que den garantía, y ello mediante la reforma de la Ley de Caza.
Se trata de una actividad que en la Comunidad afecta a más del 88 por ciento de su superficie y la mayor parte del mismo, en torno a 78.000 kilómetros cuadrados, está constituida bajo la figura de cotos privados de caza.
"Los partidos políticos no le pueden dar la espalda al mundo rural de la Comunidad, porque es un agravio enorme. Espero y deseo un apoyo unánime a esa medida de todos los partidos", explicó a Ical el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, al conocer la información.
Con este blindaje por ley se corrigen elementos del auto del TSJ que anuló el decreto 10/2018, de 26 de abril, por el que se modificaba el Decreto 32/2015, de 30 de abril, que regula la conservación de las especies cinegéticas en la Comunidad, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. Hasta ahora, se regulaban mediante órdenes anuales. Desde ahora, la posibilidad de aprobar esta relación por decreto y su introducción en la Ley de Caza permite una protección que la actividad no tenía. Un posible recurso únicamente podrá ser presentado ante el Tribunal Constitucional.
Otras modificaciones
Además del punto más controvertido, las nuevas modificaciones establecen que el Plan de Caza tendrá una vigencia de al menos cinco años, si bien podrá ser modificado por razones de protección de las especies cazables "o por otras causas de interés general". Igualmente, sobre la limitación de los periodos hábiles de caza, la Ley incluye un punto novedoso que reza: "Toda la extracción autorizada fuera de los periodos considerados en el Plan de Caza y los planes cinegéticos será considerado control poblacional".
A ellos se suman aspectos como las limitaciones de cupos diarios de ejemplares por cazador, determinar superficies mínimas para monterías y batidas y afecta también a especies concretas.
Entre ellas el lobo. Así, en los terrenos donde tenga la consideración de especie cinegética, es decir, al norte del Duero, se realizará conforme a lo previsto en los planes de aprovechamiento comarcales aprobados por la dirección general competente en materia de caza, y que actuarán de marco de los planes de los diferentes acotados. Las modalidades autorizadas serán las previstas para otras especies de caza mayor y requerirán autorización expresa.
En los antecedentes de la proposición se plantea que el aprovechamiento de los recursos cinegéticos es una "actividad esencial" para el desarrollo del medio rural por su "indudable" contribución a la práctica de la agricultura y ganadería extensiva, sectores fundamentales en la economía regional. "Todo ello sin olvidar que el ejercicio de la caza evita el riesgo evidente que para la salud humana y para la seguridad viaria conlleva la sobrepoblación de determinadas especies", señala. Por otra parte, la caza "favorece la conservación de los ecosistemas y de la fauna protegida al evitar desequilibrios en los mismos y en especial en las especies vegetales y animales, algunas de ellas amenazadas".
Además, explica que la ausencia de actividad cinegética pone en peligro la disponibilidad de recursos tróficos para otras especies protegidas que tienen que competir por su hábitat. En el caso de Castilla y León está constatado que la sobreabundancia de poblaciones de ungulados silvestres, en los hábitats de especies catalogadas en peligro de extinción (urogallo cantábrico y oso pardo cantábrico) "es negativa para estas dos últimas especies, por lo que la gestión de las poblaciones cinegéticas se impone como una medida fundamental para la conservación de las especies más amenazadas".
"La caza en su concepción actual ha de ser considerada como una actividad social, que debe mantenerse y fomentarse, ya que su ejercicio de manera ordenada contribuye sin duda al mantenimiento y conservación del rico patrimonio natural de Castilla y León, además de aportar considerables beneficios culturales, económicos y sociales".
Siniestralidad
Las cifras de siniestralidad que ocasiona la fauna silvestre cinegética constituyen un "motivo de preocupación" en todos los países de la Unión Europea. Las políticas públicas de seguridad vial exigen la reducción de los efectivos de poblaciones de ungulados silvestres en determinadas comarcas de forma prioritaria por parte de los poderes públicos y, para lograr esta medida, la herramienta más efectiva es la caza.
En España, según los datos de la Dirección General de Tráfico, en el año 2016 la fauna cinegética ocasionó un total de 427 accidentes con víctimas, con cuatro fallecidos, 39 heridos hospitalizados y 515 no hospitalizados. En la Comunidad, en dicho periodo, se contabilizaron 6.360 accidentes. Algunas de las provincias castellanas y leonesas se encuentran a la cabeza de este trágico índice de siniestralidad.