La Cámara de Contratistas de Castilla y León prevé que los recortes en infraestructuras, anunciados el jueves por el ministro de Fomento, José Blanco, supondrán la pérdida de un total de 7.161 empleos en Castilla y León y hará que se pierda un retorno fiscal a las administraciones de 211,2 millones de euros, según señaló el secretario general de la Cámara, Luis Valerio.
En concreto, según la entidad, las cuatro obras de carreteras que han sido rescindidas supondrán la desaparición de 3.363 empleos, a los que se añaden los más de 3.797 puestos de trabajo de los tres tramos ferroviarios. Según la presidenta de la Cámara de Contratistas, Isabel de Blas, estos recortes en infraestructuras van a obligar a muchas empresas a tener que hacer reajustes e incluso "cierres y despidos", aseveró, al tiempo que las administraciones también se van a ver afectadas porque no van a recibir ciertos ingresos procedentes de impuestos.
En este sentido, el secretario general precisó que se trata de ingresos como el IVA, el impuesto sobre consumos intermedios, el IRPF de los contratos y la cotización a la Seguridad Social, entre otros. También, en la paralización de las obras la Administración va a tener que pagar a cada empresa una media de 7,2 millones de euros de lucro cesante, a lo que hay que añadir las indemnizaciones establecidas por ley.
Además, sostuvo que este tipo de obras generan 12,9 puestos de trabajo directos por cada millón de euros de inversión y otros siete indirectos. En total, el presupuesto de las siete obras suprimidas en la Comunidad asciende a más de 358 millones de euros.
Por estos motivos, la presidenta de la Cámara remarcó que la decisión del Ministerio, que confió en que se rectifique porque es "un error manifiesto" que no va a conllevar un ahorro, supondrá "un grave perjuicio" para el sector de la construcción, "seriamente afectado por la crisis económica", por lo que la supresión de infraestructuras incrementará las dificultades con las que se encuentran las empresas.
Añadió, asimismo, que este recorte implicará también un perjuicio para el desarrollo de la Comunidad puesto que las infraestructuras son elementos que vertebran el territorio. "Es un duro aldabonazo para nuestro sector y una de las peores noticias que se les puede dar a los ciudadanos". Según De Blas, no es de recibo que desde el Gobierno se confunda inversión con gasto. "Crear infraestructuras mejora las comunicaciones, fomenta la productividad y, por tanto, la competitividad de las empresas, generando progreso y riqueza", remarcó.
Así, insistió en que un recorte del déficit que afecta a la inversión y no al gasto "es un grave error" que puede "costar muy caro". Por ello, la Cámara instó al Ministerio a que mantenga la inversión en infraestructuras en Castilla y León que, por cierto, "se encuentra entre las regiones más afectadas". "Los contratistas de obra pública y el sector de la construcción somos una poderosa herramienta de recuperación para la economía de nuestro país, el eje fundamental para el logro de objetivos económicos y sociales. Tan sólo hace falta que los responsables de las administraciones públicas tomen conciencia de ello y obren en consecuencia", afirmó.
Por otro lado, Isabel de Blas mostró su temor ante las consecuencias que tendrá el anuncio efectuado el jueves por Blanco sobre una posible reprogramación de los plazos de otros proyectos, pero eludió pronunciarse al respecto hasta conocer al detalle el alcance de dicha medida.
Respecto a la fórmula de financiación publica y privada de algunas infraestructuras, De Blas no se mostró contraria a la idea pero consideró que será complicado llevarlo a cabo por los problemas financieros y de concesión de créditos a algunas empresas, sobre todo, si se tiene en cuenta que en torno al 90% son pequeñas y medianas empresas.