Los sindicatos la rechazan. Consideran que implica recortes en los derechos de los trabajadores. Con polémica ha sido recibido el borrador de esta propuesta.

Uno de los ejes de la reforma laboral es impulsar el contrato de fomento. Para ello el Gobierno se hará cargo de 8 de los 33 días de indemnización por año trabajado. De esta manera el ejecutivo pretende hacer más atractivo este tipo de contrato entre las empresas.

En 1997 se aprobó este contrato para los trabajadores menores de 30 años y mayores de 45, y ahora el Ejecutivo lo habilitará para todas las edades.

El Gobierno implantará el modelo austríaco que consiste en que la empresa ingresa mensualmente al trabajador en una cuenta individualizada la indemnización que le corresponde por su contrato y que obtiene cuando es despedido o se lo lleva a otra empresa si cambia de empleo.

Para que la indemnización no suponga un sobrecoste, el Ejecutivo se hará cargo del 40%. Uno de los puntos conflictivos de este tipo de contrato es la eliminación de las horas extra. El Gobierno mantiene un horario fijo de trabajo sin posibilidad de ser alterado.

También se pretende favorecer los contratos a tiempo parcial, bonificar la contratación estable de jóvenes e incrementar hasta los 24 años la edad máxima en la que se pueden hacer contratos de formación.