El Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde durante la mañana del viernes 13 de noviembre a la tramitación parlamentaria de su última reforma del Código Penal, que crea un nuevo delito de piratería y prevé una respuesta más contundente frente a los delitos de corrupción urbanística.

La nueva ley castiga el delito de piratería con penas de entre 10 y 15 años de prisión a quienes utilicen la violencia, la intimidación o el engaño contra embarcaciones.

Otra de las novedades es la no prescripción para los delitos graves de terrorismo, es decir, los que hayan causado una muerte, graves lesiones físicas o psíquicas o que hayan consistido en el secuestro de una persona. La reforma, además, incorpora por primera vez la conducta de acoso o la tipificación del delito de trata de seres humanos.

Por lo que se refiere a la corrupción urbanística, introduce cambios como el endurecimiento de la respuesta penal para las autoridades y funcionarios públicos. Se endurecerá la lucha contra las conductas ilícitas en el sector privado, y se incorpora como figura delictiva la denominada estafa de inversores.

El Consejo de Ministros ha analizado también un conjunto de medidas laborales para los sectores del juguete y del mueble con el objetivo de afrontar los cambios estructurales en el comercio mundial.