Los aficionados a la caza y al tiro deportivo así como el colectivo de personas que viven alrededor de estos deportes, y que en España supera de largo el millón de personas, llevaban tiempo pidiendo una reforma del Reglamento de Armas. Una reforma que equiparara nuestra, en exceso restrictiva legislación, a la media europea y que, sin suponer un menoscabo para la seguridad pública, facilitara la fabricación y distribución de las armas deportivas y de la práctica de la caza y el tiro.

La reforma se está acometiendo y ya está elaborado del Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Armas, que está recibiendo un buen número de alegaciones en el Ministerio del Interior, alegaciones que aún se pueden formular hasta el próximo 27 de diciembre y que están llegando desde diferentes colectivos como las federaciones deportivas, clubes de tiro, fabricantes, exportadores, cazadores particulares etc.

Entre este colectivo se encuentra la Asociación Armera, que en palabras de su Gerente, Marta Gómez Rodríguez , “ nos hemos encontrado con una serio varapalo pues no esperábamos es que la ansiada reforma viniera a cercenar aun más los derechos de este colectivo. A los problemas anteriores ahora hay que añadir una veintena más. Y es que tanto ha querido nuestra Administración limitar el uso y el comercio de las armas deportivas que ha llegado a definir como arma blanca hasta los cuchillos de cocina y prohibir su uso en lugares de recreo.” Señala la Gerente de la Asociación.

“ Se han creado situaciones absurdas a tal punto, y que esperemos que sean reconsideradas, que actualmente el arma más utilizada por los cazadores y tiradores españoles, la escopeta semiautomática, - según el borrador del proyecto-, pasa a estar prohibida. ¿Cómo piensa arreglar la Administración esta situación? ¿Piensa detraer de nuestro ya menguado presupuesto una indemnización para la pérdida pecuniaria que todos estos titulares van a sufrir?. Por no hablar de los propietarios de rifles deportivos o de carabinas que tendrán ahora que deshacerse de las que tengan en exceso”, apunta Marta Gómez.

Negro futuro

Pero si los aficionados a este deporte no dan crédito a lo que les viene encima el gremio armero ve su futuro inmediato bastante más negro.

“Las medidas de seguridad se han multiplicado por mil y el problema para nuestras empresas no es ya exclusivamente financiero al tener que hacer frente a las abultadas inversiones que la adecuación supondría, sino que para el caso de nuestros fabricantes, es físicamente imposible adoptarlas. Es materialmente imposible establecer un corredor de 5 metros de anchura entre las paredes de los talleres y la valla de 2 metros de altura que hay que levantar alrededor de las fábricas. Con esta normativa se castiga la fabricación con respecto a la importación de estos productos ya que es mucho más sencillo importar 1.000 rifles que fabricar 20.

¿Quién dijo que con cuatro millones y medio de parados teníamos que ponernos manos a la obra para destruir unos cuantos más?”, se pregunta indignada Marta Gómez.

La responsable de la Asociación Armera que preside José Marina va más allá y señala que, “nos quejábamos de que los trámites para exportar un arma de caza son exactamente los mismos que para exportar un misil y de que se nos niegan licencias de exportación de escopetas a países a los que España vende ingentes cantidades de material de doble uso. Pobres infelices, no esperábamos que también equipararan las medidas de seguridad de nuestras fábricas a las de las fábricas de armas de guerra. ¡Qué absurdo tan grande!.

Me gustaría recordar que nuestras armas artesanas están reconocidas como “las mejores del mundo”, la calidad de las armas españolas no tiene competencia y nuestras empresas han exportado el made in Spain a todo el mundo. Esto lo avalan nuestros niveles de exportación que alcanzan el 85 %. Es muy triste decir que para nuestros empresarios todos estos problemas se solucionarían estableciendo nuestros talleres unos pocos kilómetros más al este, en Francia.

No entendemos a qué se debe este endurecimiento, este querer entorpecer un sector que genera empleo, alrededor de 36.300 puestos de trabajo, que, en su conjunto, factura más de 2.753 millones de euros y, sobre todo, no da problemas.

Para los que no lo saben, España es un paraíso para la caza, miles de cazadores viajan a nuestro país anualmente a cazar pero los inconvenientes que encuentran para viajar con sus armas o utilizar las que aquí les presten los organizadores de cacería son inmensos: autorizaciones, permisos, prórrogas, prórrogas a las prórrogas, visitas a las intervenciones...burocracia más propia de un país del tercer mundo que de uno civilizado. “ puntualiza Marta Gómez.

La Gerente concluye tajante, “en un momento como el actual, la Administración debería, como mínimo contar con razones para adoptar estas medidas que tan grandes perjuicios económicos van a producir: la realidad es que no se producen robos ni pérdidas de armas ni existe alarma social alguna en torno al uso de armas deportivas.