La macroperación contra la adjudicación irregular de dispositivos de tráfico bautizada como Enredadera iniciada desde el Ministerio Fiscal en coordinación con el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona (Barcelona), con la participación más de medio millar de agentes en toda España bajo la dirección de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional se saldó hoy en la Comunidad con el registro de cinco ayuntamientos de la provincia leonesa (León, San Andrés del Rabanedo, Astorga, Villaquilambre y Villarejo de Órbigo), además del de Palencia.
En toda España se practicaron 39 detenciones. En total, 18 personas pasaron a disposición judicial -cinco de ellas en Astorga y 13 en Badalona- y el resto fueron puestos en libertad, según informaron a Ical fuentes del Ministerio del Interior. Además, el Juzgado ordenó la práctica de requerimientos de documentación, que deberán ser cumplimentados en presencia de la Policía a otras instituciones, entre ellas, el ayuntamiento de La Cistérniga (Valladolid).
La actuación, en el ámbito nacional, implicó un total 92 registros y 21 requerimientos de documentación para completar la investigación sobre la empresa Aplicaciones Gespol SL, integrada en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales, que habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local.
En la provincia leonesa, numerosos agentes hicieron acto de presencia desde primera hora de la mañana tanto en dependencias municipales como en domicilios particulares de algunas de las personas -cargos institucionales, administrativos y políticos- que prestaron declaración ante la Policía y que en algunos casos lo hicieron ya en calidad de detenidos, como el asesor de Ciudadanos en la Diputación de León, Sadat Maraña, al que le acompaña en calidad de detenido el concejal de San Andrés del Rabanedo y diputado provincial, Juan Carlos Fernández.
La formación aseguró hoy que se suspenderá de militancia a los dirigentes de la formación que tengan que declarar ante el juez. "La sociedad española necesita decisiones firmes y contundentes ante cualquier caso de corrupción", señalaron antes de apuntar que esperan que "PP y PSOE, con decenas de cargos que tienen implicados, actúen con la misma celeridad y contundencia que Cs".
La llegada de los efectivos y de los vehículos a los recintos consistoriales sorprendió tanto a trabajadores como a viandantes y a los ciudadanos que acudían a sus respectivos ayuntamientos a realizar alguna gestión administrativa. La prudencia ante las consecuencias de los registros y posibles detenciones de responsables de distintas formaciones políticas fue la consigna seguida en las instituciones afectadas, donde portavoces y gabinetes de prensa evitaron pronuciarse al respecto.
En la capital, donde varios despachos fueron precintados y los registros continuaban a última hora de la tarde, el alcalde Antonio Silván, reiteró la absoluta voluntad de colaboración y transparencia y confirmó la constitución de una comisión comisión con los habilitados nacionales y otros trabajadores para prestar todo el apoyo necesario. "Hemos tenido requerimientos de información y de documentación y me comunicaron que a diferencia de otros ayuntamientos aquí no procedía ninguna detención y estamos prestando la máxima colaboración, disposición y transparencia", recalcó.
Por su parte, el máximo responsable del Partido Autonómico Leonés, Miguel Ángel Díaz Cano, se limitó a señalar que conocía que alguno de los ediles de la formación y añadió que no disponía de más información. En el Ayuntamiento de Astorga, el número de personas retenidas por los agentes policiales sería de cuatro, según fuentes consultadas.
La presencia policial se mantenía en los consistorios a primera hora de la tarde mientras los trabajadores terminaban su jornada laboral cuya normalidad fue imposible y estuvo acompañada por la incertidumbre sobre la situación inmediata de algunos técnicos, funcionarios, concejales e incluso alcaldes.
Palencia
La UDEF llevó a cabo también un registro en las áreas de patrimonio y contratación del Ayuntamiento de Palencia, donde el alcalde, Alfonso Polanco, confirmó que la empresa denunciada, Aplicaciones Gespol S.L., ha estado gestionando "aspectos concretos" en la capital como los semáforos y las multas desde el año 2011, pero el contrato ya ha concluído.
Polanco aseguró que el consistorio ha colaborado "con la máxima transparencia" en el registro del edificio de las Agustinas Canónigas y añadió que no se llevará a cabo ninguna detención. "Mi impresión es que no hay nada en concreto, creemos que no hay ninguna cuestión, pero serán los jueces los que lo determinen", apuntó.
La portavoz socialista del consistorio, Miriam Andrés, insistió en la cautela a la espera de conocerse si existe algún tipo de conducta que pudiera estar sujeta a la acción de la justicia y reclamó "la máxima contundencia" y la aplicación "estricta" de la ley en el caso de que se confirmara algún tipo de irregularidad.
Por su parte, el grupo municipal de Ganemos solicitó la convocatoria extraordinaria y urgente de la Junta de Portavoces para esta tarde, para que el alcalde de la ciudad dé explicaciones sobre los contratos y las personas que están siendo investigadas por la UDEF en la Operación ‘Enredadera’.
Reacciones
La secretaria de organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, manifestó en Zamora que si hubiera algún responsable socialista inmerso en la investigación se le suspendería de la militancia y se le pediría que pusiera a disposición los cargos, pero señaló hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, aunque recordó que su partido se comporta en casos así con "celeridad y rapidez". Sánchez calificó de "tranquilizante" que el sistema funcione e investigue una presunta trama de corrupción en la contratación de sistemas de control de tráfico como semáforos y videocamámaras que afecta a decenas de ayuntamientos de toda España.
León Despierta señaló en un comunicado que "según como se vayan desarrollando las investigaciones, se exigirán las responsabilidades oportunas tanto a técnicos como políticos implicados".
Por su parte el círculo de Podemos en San Andrés del Rabanedo expresó su "enorme preocupación" por las implicaciones que para el municipio se puedan derivar de este caso y reclamaron "explicaciones inmediatas de la alcaldesa María Eugenia Gancedo y de sus socios de Ciudadanos y del Partido Autonomista Leonés, PAL, y que por parte de la corporación se dé luz y taquígrafos a todas las intervenciones realizadas respecto a la gestión económica de este equipo de desgobierno". Además, reclaman que en el caso de que su presunta participación en la Operación Enredadera se convierta en una imputación formal, presenten su dimisión de forma inmediata.
Por su parte, el letrado de la alcaldesa explicó hoy que su clienta fue requerida por la Policía -que acudió a primera hora de la mañana a su domicilio- para poder facilitar las diligencias de registro de las dependencias municipales y posteriormente trasladada a la Comisaría para completar los trámites oportunos. Añadió que se mostró "tranquila y convencida de que no hay irregularidades en el Ayuntamiento".
Podemos y el grupo municipal Ahora de Villaquilambre, cuyo alcalde, Manuel García, abandonó la sede consitorial a última hora de esta mañana acompañado de agentes policiales, señalaron en una nota de prensa que "siempre desde la máxima cautela y respeto a la presunción de inocencia y los procesos judiciales y de investigación, queremos remarcar que si se confirmara la implicación de nuestro alcalde en presuntas contrataciones corruptas, su dimisión y la de todas las personas implicadas sería sólo el primer paso". El alcance de la operación policial, sus ramificaciones y su extensión demuestran, apuntan, "que no nos encontramos ante un problema que se solucione apartando a unas pocas manzanas podridas sino cambiando radicalmente la forma de hacer las cosas y demostrando que se puede gestionar lo que es de todos y todas para el beneficio común".
El Ayuntamiento de Astorga emitió esta tarde un comunicado en el que el equipo de gobierno expresa "la máxima voluntad y disposición a colaborar, tanto de todas las personas que allí trabajan, como de los representantes políticos de la institución". Los cuerpos de seguridad y los agentes judiciales, añaden, tuvieron acceso total al consistorio y a la documentación de la institución. "Colaboraremos para aclarar esta supuesta trama naciona", recalcan antes de detallar que los agentes solicitaron la declaración de cuatro miembros del equipo de gobierno. "Por el momento las diligencias son secretas y se carece de datos relacionados con la investigación", concluyen.