Cada vez es más habitual escuchar el concepto "inquiokupación", pero lo cierto es que no es un término jurídico y que se utiliza para hablar de inquilinos morosos. La diferencia con la okupación es que esta es un delito con vía penal y la referida a los alquileres es civil. Cuando un inquilino deja de pagar su renta, se puede instar al proceso de desahucio y se resolverá, como mínimo, en un periodo de ocho meses a un año, pero si durante ese tiempo solicita declararse como vulnerable y se le concede, se suspende el lanzamiento de forma indefinida. 

Llegados a ese punto, los servicios sociales buscarán una solución habitacional para la familia vulnerable, pero la práctica dice que los inquilinos se mantienen en la vivienda que tenían arrendada y son los propietarios quienes pagan los gastos derivados.   

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