El viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, David Martín, valoró los datos de desempleo y asegura que vienen a ratificar la "fuerte" recuperación del empleo en la Comunidad, con el mayor descenso en un mes de noviembre desde que 1996 se comenzaran a realizar registros autonómicos. Además, subrayó que con más de un 5 por ciento, el doble que la media nacional, Castilla y León es la segunda comunidad donde más baja el paro, solo por detrás de Valencia.
Martín también resaltó que habría que remontarse al año 2013 para encontrar un mes de noviembre con una caída del paro, aunque en ese caso solo fue de 700 personas, y apuntó que en términos interanuales la Comunidad registró el pasado mes su mayor caída en la serie histórica con un descenso del 21 por ciento.
A su vez, el viceconsejero de empleo subrayó que los 129.801 desempleados con los que se cerró noviembre es una cifra que no se registraba desde meses a la anterior crisis de 2008. "Estamos ante unos datos muy positivos, dado que en el mes de febrero de 2021 Castilla y León superó los 174.000 desempleados", aseveró.
También recalcó que el paro baja en todas las provincias y en todos los sectores, siendo la caída del sector servicios la más significativa con un descenso de casi 5.000 personas, así como el retroceso del paro juvenil en un 11,6 por ciento, y el mayor caída del paro entre las mujeres que entre los hombres.
A pesar de la positiva evolución, Martín reclamó prudencia ante los "meses complicados que quedan por venir" y recordó que la Comunidad cuenta todavía con más de 129.000 parados, "hacia los que la Consejería de Empleo tiene que dirigir sus políticas".
Al mismo tiempo, calificó de "amenaza" la actual coyuntura económica a nivel nacional, y apuntó que el IPC adelantado indica que la inflación superará el 5,6 por ciento, algo que repercute de forma negativa en los costes de producción de las empresas, que también se ven afectadas por la falta de componentes y el incremento de los costes energéticos y materias primas. Además, Martín también criticó el incremento de la presión fiscal, la demora en la ejecución de los fondos europeos y la incertidumbre sobre la legislación laboral a nivel nacional.