El Gobierno comprometió una nueva ley de secretos oficiales hace más de un año que aun no ha presentado. Una norma para sustituir la ley del franquismo, aun en vigor. Nuestro país no tiene plazos para hacer públicos documentos clasificados y eso supone que, más de de 40 años después, todavía no pueda consultarse documentación del final de la dictadura o la Transición. Parte de esos documentos secretos se guardan en la comunidad, en el Archivo Militar de Ávila y el Centro de la Memoria de Salamanca.
La nueva ley de secretos oficiales se estaría elaborando por un equipo en el que participan hasta cuatro ministerios. El gobierno de coalición quiere presentar su propio texto después de haber rechazado en varias ocasiones una propuesta del PNV. Los nacionalistas vascos platean que existan plazos automáticos para hacer público cualquier documento. "Proponemos que cuando, digamos, ha perdido una tensión inmediata se abran los papeles" explica el diputado del PNV Mikel Legarda. Unos plazos establecidos para la desclasificación en los que también están de acuerdo PSOE y PP. Por este motivo, los populares consideran que el retraso de esta ley se debe a que "el PSOE quiere presentar su ley, quiere ser el primero, aquí no se trata de ser el primero. Aquí se trata de aprobar una ley todos juntos" según Miguel Ángel Jerez, diputado del PP.
Mientras llega esta ley, el gobierno está realizando desclasificaciones periódicas de documentos anteriores a 1968 de distintos archivos militares y estatales. El diputado del PSOE Antidio Fagúndez explica que la ministra de Defensa, Margarita Robles, desclasifica "paquetes de documentos mediante unos decretos han ido abriendo la posibilidad de acceso a ellos".
Aun así, la falta de una nueva ley mantiene una anomalía democrática que impide conocer nuestra historia reciente. Para Mikel Legarda: "Se han abierto en Estados Unidos informes de la CIA sobre los GAL y estamos haciendo información de los GAL a través de documentos de la CIA".
La vigente Ley de Secretos Oficiales data del 1968, del final de la dictadura franquista, y está "obsoleta" según los expertos. Es la opinión del historiador Enrique Moradiellos miembro de la Real Academia de la Historia que exige que "tiene que haber mecanismos de desclasificación. A los 50 años, a los 30 años, 25 después de la muerte de los interesados. Esto es una garantía para la vida pública democrática y para el conocimiento histórico", considera Moradiellos.
En Castilla y León el Archivo Militar de Ávila y el Centro de la Memoria de Salamanca guardan miles de documentados que siguen siendo secretos. En el caso del Archivo Militar de Ávila su director Juan Pérez Chao asegura que reciben más de un millar investigadores presenciales cada año. Durante 2020 fueron 28.000 los ficheros telemáticos consultados. "Nosotros no vamos a mostrar documentos que tengan limitaciones de acceso pero sí vamos a relacionar que ese documento existe. Lo más reclamado es la documentación sobre la Guerra Civil, pero también se nos consulta sobre la División Azul, milicias, Falange...". Los historiadores esperan la llegada de una nueva ley que facilite sus investigaciones.