Tras muchos quebraderos de cabeza, la llamada 'Ley Sinde' se abre paso con algunas modificaciones. Para que el mecanismo de protección de los derechos de autor se ponga en marcha, tiene que haber una denuncia. La recibe la sección segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual. Y es este organismo quien deberá solicitar al juez los datos de la página web infractora. En 24 horas deberá decidir si lo autoriza o no.

En caso de que el procedimiento siga adelante, comienza una segunda fase. La propia web, o bien retira de forma voluntaria los contenidos que vulneran la propiedad intelectual o presenta alegaciones. Para ello, tiene un plazo de 48 horas.

Entonces, entra de nuevo en juego la Comisión de la Propiedad Intelectual que citará a ambas partes para que presenten sus recursos en cinco días. Y en tres más, dictará resolución, que bien puede ser el cierre de la web.

Pero es el juzgado el que debe autorizar ese cierre para que eso no suponga una vulneración del derecho a la libertad de expresión.

Por tanto, si la ley antipiratería llega a buen puerto, una web podrá cerrarse en menos de 20 días. Antes, la norma tendrá que pasar por el Senado, que con el pacto entre PP, PSOE y CiU saldrá adelante, y de nuevo, volverá al Congreso.