Txapote, Daniel Pastor, Sergio Polo o Soledad Iparaguirre son algunos de los etarras que no han pagado las indemnizaciones a las víctimas de sus crímenes, como el asesinato del comandante Luciano Cortizo en León en 1995. La periodista del ABC, Isabel Vega, ha analizado las 38 sentencias contra miembros de ETA dictadas desde 2011, cuando se produjo un cambio legal por el que los terroristas volvieron a contraer deudas directas con sus víctimas. No han pagado más de cinco millones de euros de responsabilidad civil.

"19 terroristas desde el año 2011 y solo por delitos de sangre", puntualiza Isabel Vega. "Si abrimos el elenco a delitos que no son de asesinato terrorista: lesiones, estragos, la cantidad sería notablemente superior", anota. 

Una reforma legal de 2015 acortó la prescripción de la responsabilidad civil a cinco años. Si en ese plazo no se renueva la petición en la Audiencia Nacional no se puede exigir el pago a los etarras. Normalmente, los etarras se declaran insolventes y sin bienes a su nombre que se puedan embargar.

"Las víctimas en cualquier caso no quedan en desamparo porque el Estado adelanta una parte de la indemnización, adelanta hasta medio millón, pero es cierto que es una situación hiriente porque no hay reparación", afirma Isabel Vega

La Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia son las que están reiterando la exigencia del pago para evitar que prescriba.

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