La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, ha asegurado este lunes que la enmienda en torno a la Ley Sinde pactada con PP y CiU en el Senado "sobre todo refuerza las garantías" de derechos fundamentales "que ya existían", al tiempo que ha expresado el compromiso del Gobierno a modificar el canon digital ajustándolo a las sentencias europeas.
En declaraciones en el Senado, ha asegurado que este compromiso, reclamado insistentemente por el PP, al igual que la ampliación de garantías jurídicas ante el cierre de páginas webs, no es una "derrota" porque "alcanzar un consenso es una victoria, sobre todo para los ciudadanos y los usuarios". "Hemos incluido el compromiso del Gobierno de modificar el canon. Esto es también importante y ya veníamos trabajando en ese nuevo modelo de canon que se ajuste a la sentencia europea", ha señalado.
González Sinde dio las gracias a PP y CiU por "su búsqueda de consenso en este tema de Estado", y aclaró que se estaba dirigiendo a los periodistas "apenas una hora" después de registrar esta enmienda en la Cámara Alta, la cual "va a permitir introducir estas posibilidades de desarrollo económico para la industria cultural". "Las claves han cambiado y requieren una legislación nueva que no existía para el mundo analógico", ha puntualizado.
A su juicio, el consenso alcanzado con el PP "hace que se garanticen y refuercen los derechos como el de la intimidad y el de libertad de expresión". Ha agregado que "los cambios al procedimiento mixto y judicial amplían esas garantías pero no alteran el procedimiento que había propuesto inicialmente el Gobierno", ya que "será un juez quien deba autorizar o no el bloqueo de un contenido concreto que haya recibido una denuncia, y no se actuará sin denuncia previa".
"Hay todo un procedimiento que garantiza que tanto en el momento de identificación del titular de la página como en todos los demás, pueda tener posibilidad de hacer alegaciones y retirar el contenido. Se garantiza todo el procedimiento de defensa de quien reciba esa notificación respecto a un contenido que vulnere la propiedad intelectual", ha explicado.
Asimismo, ha indicado que han buscado un procedimiento que tenga un plazo de ejecución "lo más breve posible, pues en internet los datos se multiplican muy rápidamente y los tiempos son distintos a los de otros procedimientos". La enmienda también incluye "medidas que van a favorecer las relaciones entre entidades de gestión y usuarios, ampliando el campo de arbitraje en conflictos".
No se persigue a los usuarios
La ministra ha subrayado que esta Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible -la Ley Sinde propiamente dicha- prevé ante todo "que no sea a los usuarios a los que se persigue, pues esto no lo ha querido el Gobierno en ningún momento".
"Hemos optado por un modelo que garantiza el respeto y la compatibilidad de los derechos de todos", ha asegurado, para después añadir que "esta defensa de los derechos de propiedad intelectual es esencial para el desarrollo económico de la industria española de contenidos culturales".
Para Sinde, "esta ley innova, es un modelo distinto del que tienen otros países de nuestro entorno que han optado por perseguir al usuario". Según ha dicho, el Gobierno no comparte ese criterio, y ha resaltado que los "usuarios tienen que tener absoluta tranquilidad".
Así, ha afirmado que "en cuanto esta ley empiece a funcionar y se ponga en práctica la gente verá que garantiza absolutamente sus derechos y que no amenaza el uso de internet tal y como lo conocemos, sino que va a permitir su desarrollo". Ha apostillado que "la red es una oportunidad para la cultura, y es necesario este marco jurídico que garantice seguridad y el desarrollo de una oferta legal".
En lo que se refiere a los plazos para que la Ley sea finalmente aprobada, ha comentado que primero tiene que aprobarse la enmienda en el Senado, "como en cuatro semanas, y posteriormente tiene que volver al Congreso y hará falta un tiempo, unos meses, para que se pueda articular y desarrollar el reglamento".
Denuncias
También ha explicado la ministra el proceso para la presentación de denuncias: "Tal y como estaba previsto originalmente, un titular de derechos que advierta que su obra está siendo explotada sin que haya licencia o permiso, y que pueda demostrar la titularidad de ese contenido, se dirigirá a la Comisión de Propiedad Intelectual y hará una denuncia".
En ese punto, ha detallado que la Comisión estudiará la documentación y si considera que hay suficientes datos para iniciar un proceso se dirigirá a un juez para pedir autorización para identificar a los titulares de la web.
"Cuando el juez estudie ese expediente tendrá 24 horas para autorizar que se identifique o no al titular de la página para que pueda hacer sus alegaciones y defenderse. El titular puede en todo momento retirar el contenido y queda archivado el procedimiento. Hay varias instancias para que quien tenga un contenido del que no es titular pueda retirarlo", ha asegurado.
Llegados a este punto, ha apuntado que "si la Comisión considera que en efecto no media ningún tipo de contrato, a un segundo juez le dirá que quiere poner en marcha unas medidas para bloquear ese contenido concreto, y ese juez verá si se vulnera o no el artículo 20 de la Constitución de libertad de expresión".