Llevan semanas reclamando su obligatoriedad. Federaciones y Asociaciones piden al Gobierno que todo el personal que trabaja en centros de mayores esté vacunado. De momento no hay una herramienta legal que los obligue, y las residencias se organizan para que los usuarios estén seguros.

 En una residencia de Valladolid, de los ochenta trabajadores, cuatro no han querido vacunarse. La solución que les dan es reubicarlos en otros puestos, pero no acaba de convencer. "Si yo tengo un gerocultor y le pongo en Lavandería, alguien tiene que cubrir ese puesto. Y no siempre es fácil y nos sube los gastos", asegura Antonio Olmedo, administrador y gerente de la residencia Nuestra Señora del Carmen, en Valladolid. A estos sobrecostes se suma que a este personal no vacunado hay que realizarle dos pruebas PCR semanales y equiparlos con mayores medidas de protección. "Están trabajando con doble mascarilla y EPIS, y a nuestros mayores les estamos brindando mascarillas para que las lleven en todo momento", afirma. Todo ello sale de las cuentas de los centros.

Desde la Asociación Lares se pide al Gobierno que exija a todo el personal su vacunación: "No están siendo solidarios, y están poniendo en riesgo a nuestros mayores, a quienes nos debemos y los más sensibles", cuenta Jorge Sáinz, su presidente.

De momento los centros están asumiendo esos gastos. Se calcula que alrededor del 10 por ciento del personal sociosanitario no está vacunado.