El año pasado hubo 3.768 divorcios y separaciones en Castilla y León, según el Consejo de la Abogacía de Castilla y León. Cuando se producen de mutua acuerdo suelen resolverse en unos dos meses, pero es más largo y complejo cuando es necesaria la intervención de un juez. Los casos que llegaron a juicio tardaron once meses de media en resolverse en 2023, cuatro meses más que hace una década.
Los abogados afirman que la demora de la resolución de los divorcios tiene que ver en parte con la falta de juzgados especializados en Derecho de Familia. "No podemos convertir el Derecho de Familia en un foco de desigualdad social", denuncia Julio Sanz Orejudo, presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León. "No puede ser que en Castilla y León tengamos cinco provincias sin juzgados especializados de Familia".
Cuando no los hay, se encargan de sus asuntos los juzgados de Primera Instancia o los mixtos junto al resto de casos, y los procesos penales tienen prioridad sobre los demás. "Tramitan tanto procedimientos civiles como procedimientos penales. Los procedimientos penales tienen preferencia, entonces, si un día concreto existe un señalamiento, el asunto de Familia se dilata", explica María José Sánchez, vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia.
Además, reclaman al Ministerio de Justicia la creación de más equipos psicosociales, los psicólogos y trabajadores sociales que redactan los informes periciales en casos como la custodia de menores: "En muchos juzgados no existen esos equipos y en otros existen, pero con un abultamiento tan grande de asuntos que demoran mucho la respuesta judicial", lamenta Sanz Orejudo.
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