Llevamos años hablando de la obsolescencia programada y ahora, con datos en la mano, esta estrategia podría salirle cara a Apple. La Organización de Consumidores (OCU) acaba de presentar una demanda colectiva por los problemas de uno de sus modelos. Considera que el gigante de la tecnología actualizó el software en los diferentes modelos del iPhone 6 para enmascarar problemas de rendimiento de sus baterías, sabiendo que esto causaría una ralentización y pérdida de rendimiento de los teléfonos. Al hacer esto, los usuarios pensaron que el iPhone se les había quedado viejo, porque iba "más lento", un hecho que les empujó a cambiar de modelo.
La organización considera que Apple, de manera deliberada, condicionó a los consumidores para renovar sus iPhones causándoles un perjuicio económico que cifra entre 40 y 80 millones de euros, aproximadamente. En diciembre de 2020 presentó unas diligencias preliminares para solicitar a Apple que identificara a los afectados, a fin de que, en base a la legitimación que tiene para ello, la organización pudiera defenderles en un Juzgado.
Una vez finalizado ese trámite, ha procedido a presentar la demanda en la que solicita a Apple una indemnización, no solo por el perjuicio causado por el cambio de móvil o de batería al que se vieron obligados, sino también por los daños morales: la pérdida de rendimiento de sus dispositivos hizo que vieran frustradas sus expectativas y su grado de satisfacción con la marca. Por todo ello, solicita una compensación de entre 99 y 189 euros. Esta cifra procede de la suma del importe de la batería (entre 29 y 89 euros, según si se acogió o no al plan de reemplazo), más un 10% del precio de compra del móvil (entre 699 y 999 euros, según el modelo, capacidad, etc.).
OCU asumirá el gasto necesario para entablar esta contienda judicial, pagando los honorarios de abogados y procuradores, para que los afectados no tengan que incurrir en coste alguno. En caso de perder la acción judicial, los afectados tampoco tendrán que asumir las costas del proceso.
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