El grado de carrera profesional se paralizó en 2010

Sanidad deberá convocar el grado de carrera profesional de 2010

     
  • Según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
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  • Sanidad aún no ha recibido esta sentencia para la que no cabe recurso

Estefanía Ureña

La consejería de Sanidad deberá convocar el grado de carrera profesional correspondiente al año 2010 según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La dirección general de Recursos Humanos, que asegura que aún no ha recibido de manera oficial esta sentencia, reconoce que sus servicios jurídicos están estudiando la manera de ejecutarla.

La carrera profesional de los trabajadores sanitarios, en SACYL son alrededor de 37.500, es un sistema de grados, desde el uno hasta el cuatro, que reconoce los méritos laborales. Un médico, por ejemplo, que haya llevado a cabo una investigación puede optar a estos grados. Un organismo evaluador, formado por técnicos, es el que estudia y valora la propuesta.

A parte de los méritos currículares, y de las ventajas que para encontrar un trabajo o presentarse a unas oposiciones, supone disponer de estos grados, hay un aumento salarial. Un médico con grado 1 gana 222 euros más al mes. Una enfermera, 133. Estas cantidades se multiplican por cuatro cuando se alcanza el último grado, es decir, el grado 4.

La carrera de grados, impulsada desde Comisiones Obreras, se creó con el objetivo de mejorar la calidad asistencial a los pacientes. Cuando empezó a aplicarse, en 2008, hubo un punto de partida: otorgar grados por antigüedad. Como este sistema se paralizó en el año 2010, los profesionales sanitarios no tuvieron opción de adquirir grados por méritos profesionales, investigación o docencia.

Esa paralización motivó una denuncia de Comisiones Obreras. La primera sentencia no fue favorable, pero el recurso presentado dio lugar a esta sentencia del TSJCyL que obliga a la consejería de Sanidad a convocar la carrera profesional. Pero sólo la referente a 2010. Porque a partir de ese año, se redactó una ley que paralizaba este sistema de méritos por cuestiones económicas.

Una vez la consejería de Sanidad reciba oficialmente esta sentencia, dispone de dos meses para ejecutarla.