Los funcionarios de Castilla y León que trabajan en cárceles del País Vasco quieren, más que nunca, acercarse a sus casas. Desde que esta Comunidad ha adquirido las competencias penitenciarias, los trabajadores temen perder los beneficios que les cedió la administración durante los años más sangrientos de ETA: pluses económicos y permisos más largos para poder regresar a sus casas.

Acumulan kilómetros para compaginar su vida personal y profesional. "La mayoría de los funcionarios que trabajan en País Vasco no viven allí", cuenta Ignacio Hernández, secretario organizacional de ACAIP.

Desde que la región vasca ha cogido las riendas del sistema penitenciario, temen que se eliminen las condiciones especiales que les cedió la administración hace años. "En el País Vasco no quería trabajar nadie porque era una profesión de riesgo. Estábamos como objetivo de ETA y socialmente seguimos sin estar bien vistos", añade.

Los funcionarios sospechan que la administración les exigirá aprender el euskera.  El funcionario que entrevistamos es de Valladolid, pero trabaja en la prisión de Álava desde hace décadas. Cuenta que conseguir plaza en Castilla y León es prácticamente imposible.

Desde los sindicatos auguran que este año las peticiones de traslado de funcionarios a Castilla y León aumenten con respecto a convocatorias anteriores.