Ecologistas en Acción presentó hoy una denuncia penal en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) contra los cinco miembros de la Mesa de las Cortes –presidente, vicepresidentes y secretarios- por admitir a tramite la proposición de ley del Grupo Popular para declarar por ley proyecto de interés regional la pista de esquí que la Diputación de Valladolid promueve en el término de Villavieja del Cerro.
Los ecologistas sostienen en su querella, ante la Sala Primera del TSJ de Castilla y León, que la Mesa de las Cortes incurre en presuntos delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales e impedimento del ejercicio de derechos cívicos, delitos tipificados con entre uno y tres años de prisión y entre ocho y 14 de inhabilitación para cargo público.
Con esta denuncia los ecologistas piden a los procuradores, que votarán la ley en el pleno, que no se quedan "callados" ante lo que consideran un "atropello y una acción delictiva, ya que sentaría un precedente en España de recalificar montes incendiados para los que no han pasado los 30 años recogidos en la ley de Montes", explicó Miguel Ángel Ceballos.
El portavoz de Ecologistas subrayó que se incumplirá con la Ley de Montes estatal y autonómica y con la Ley del Suelo y recordó que así se lo dijeron al entonces delegado de la Junta en Valladolid y actual portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Jesús García Galván, y al diputado Artemio Martín.
Sólo un primer paso
La denuncia de hoy es el primer paso de una ofensiva que se llevará a cabo en caso de que sea aprobada la ley como se prevé en un segundo pleno de las Cortes. Ceballos explicó que ya trabajan para dirigirse al Gobierno para que presente un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional por vulnerar las leyes de Montes y Suelo. Esta es la iniciativa "más interesante", en palabras del portavoz ecologista, porque su aceptación lleva asociado la paralización de la ley que aprueben las Cortes.
Por su parte, Javier Gutiérrez enmarcó la medida tomada hoy en la perspectiva ambiental y de calidad democrática y destacó la contradicción de que la Junta impugne las normas vascas porque se les impide recurrir cuando en este caso también se imposibilita a los ciudadanos a ejercer sus derechos.
Equivalente a 'edificar en una zona verde'
Ambos portavoces defendieron la lealtad que ha mantenido Ecologistas en Acción desde el inicio al avisar a los dirigentes políticos de que se incumplían dos leyes con la iniciativa que promueven y estimaron que la ejecución de ese proyecto en terrenos forestales quemados, prohibido por la ley, sería como edificar en una zona verde.
También destacaron, ante el argumento esgrimido por los promotores de crear desarrollo económico y fijar población, que los tribunales le han dicho en once resoluciones judiciales, cuatro de ellas firmes, que el interés general y la ley están por encima de los particulares. Gutiérrez recordó el polígono industrial de Tordesillas como un proyecto de desarrollo para la zona.
Igualmente, calificaron de "táctica deliberada para evitar informes jurídicos que pongan de manifiesto lo que es evidente" que la Junta deje la iniciativa al Grupo Popular para presentar una ley por la que se declare de interés regional este proyecto. La proposición de ley no requiere informes de los órganos consultivos como el Consejo Consultivo y, en este caso, del Consejo de Medio Ambiente y de Urbanismo.
Los terrenos donde se prevé la pista de esquí sufrieron un incendio en 1999 provocado por la chispa de un camión que circulaba por la autovía, según el atestado de la Guardia Civil. De acuerdo con la Ley de Montes, el uso de ese espacio no se podría liberar hasta el año 2029 y los ecologistas entienden que es de aplicación para el proyecto de Meseta Ski, que promueve la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid (Sodeva), pero que está paralizado por orden judicial de septiembre de 2007.