En agosto de 2021 empezó a llegar la gran partida para autónomos y pymes afectados por la pandemia. Eran ayudas directas destinadas a reducir sus deudas y el pago a proveedores. Las Comunidades Autónomas tenían hasta el 31 de diciembre para adjudicarlas, pero en nuestro país un tercio de las ayudas no se ha repartido. Son 2.000 millones de euros en toda España. Los criterios poco accesibles y las trabas burocráticas han dejado en Castilla y León más de 96 millones de euros sin conceder, un 40 % de los más de 232 millones de euros que nuestra comunidad tenía asignados.
Y esos casi 100 millones de euros viajarán de vuelta a Hacienda. La Junta tiene hasta el 30 de junio para resolver los contenciosos administrativos pendientes, y luego enviará el remanente al Ministerio. Esto ha sentado como un jarro de agua fría entre las asociaciones de autónomos que tachan de "vergüenza" que tanto dinero se haya llegado sin repartir mientras muchos siguen sin recuperar la facturación previa a la pandemia.
Eran las ayudas más importantes, las más cuantiosas y se trabajó durante meses para evitar lo que finalmente ha sucedido. Por mucho que el Gobierno prorrogó plazos y la Junta amplió las actividades beneficiadas, 9 de cada 10 autónomos de nuestra comunidad se han quedado fuera. Según datos de ATA, solo han llegado a 17.000 autónomos en Castilla y León.
"No se han recibido por las condiciones terribles para acceder a ellas", lamentan el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad.
Porque además de haber menguado la facturación al menos un tercio, había que demostrar un endeudamiento. Y aquí se ha penalizado al que ha tirado de ahorros propios para pagar a sus proveedores. "El que lo hace bien se ha quedado fuera. El que ha proporcionado capital propio se ha visto perjudicado, frente al que ha preferido endeudarse y no hacer frente a los pagos", crítica Domi Curiel, presidente de ATA en Castilla y León.
También critican el exceso de burocracia y que no todos los pequeños autónomos y pymes tienen tanta facilidad para gestionar la documentación. Además, consideran esto una oportunidad perdida para nuestro tejido económico y reclaman una reinversión, y urgen un nuevo Gobierno de la Junta para que se apliquen nuevas medidas cuanto antes.
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