El referéndum de independencia es el punto de mira de los nacionalistas catalanes. Saben que sus votos son clave en la investidura de Pedro Sánchez y su posición en las negociaciones sigue siendo de máximos. Buscan que en Cataluña se consulte al pueblo como ya se hizo en Escocia en 2014. Allí, ganó el no, con el 55%, y lo que para algunos era una deuda histórica, al final se quedó como estaba: formando parte de Reino Unido.
Se lo hemos escuchado repetir en varias ocasiones al presidente catalán, a Pere Aragonès, lo del referéndum a la escocesa. "No solo es posible, es viable y es legal", ha llegado a defender.
"Hasta que no haya un pronunciamiento claro de las autoridades judiciales, yo no me atrevería a decir que un referéndum a la escocesa tiene un encaje legal en el derecho español", apunta Sergio Velasco, profesor de la Universidad de Salamanca.
Pero, ¿qué significa el referéndum a la escocesa? Es una vía que se caracteriza por estar negociada bilateralmente, porque sí o sí se busca la independencia y porque sus resultados son totalmente vinculante.
Por eso, Aragonés la considera la opción más atractiva porque se pacta la pregunta, el censo y el porcentaje mínimo para que su resultado sea una realidad. No como en el 1 de octubre: tumbado por el Constitucional y defendido unilateralmente. Eso sí, en este caso también, todo apunta a que el proceso pasará antes por los tribunales
"Realmente estamos en un escenario en el cual no tenemos seguridades acerca del protocolo reglado para un referéndum en un segmento del territorio", añade Velasco.
Porque, tradicionalmente, no somos un país muy de referendos. En la historia democrática ha habido tres oficiales.
El primero en 1978, año en el que se ratificó la Constitución española. Ocho años después, Felipe González nos preguntó en 1986 si queríamos o no entrar en la OTAN. El tercero y último, en 2005, cuando dijimos sí a la Constitución europea. Un proyecto fallido finalmente tras el rechazo de Francia y Países Bajos.
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