La aprobación de la nueva Ley de la cadena alimentaria y la culminación del proceso de elaboración del plan estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España, con su envío esta semana a la Comisión Europea destacan entre los compromisos cumplidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 2021.
Junto a ellos también figuran la puesta en marcha del Componente 3 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) con la movilización de más de 400 millones de euros, la negociación del Fondo Europeo Marítimo, Pesquero y Acuícola (Fempa) y las iniciativas legislativas para una pesca sostenible y para combatir el desperdicio de alimentos.
Respecto a la nueva Ley de la cadena alimentaria, que entró en vigor el pasado 16 de diciembre, Agricultura ha señalado que es un "claro ejemplo del impulso modernizador" del Gobierno, con la que se da respuesta además a una reivindicación de las organizaciones profesionales agrarias del sector.
Una norma que, según el Ministerio, beneficia a los productores primarios, agricultores y ganaderos, que son "el eslabón más débil" de la cadena al introducir el coste efectivo de producción como factor obligatorio en la fijación de los precios en los contratos.
De esta forma, la norma supone un "importante" avance en la transparencia de las relaciones comerciales, al establecer la obligatoriedad de que se realicen por escrito todos aquellos contratos de compra y venta por un precio superior a 1.000 euros y que no se paguen al contado. Además, deberán inscribirse en un Registro Oficial de Contratos.
PAC
Otro de los compromisos cumplidos por el departamento ha sido la presentación formal en el día de ayer a la Comisión Europea del plan estratégico para la aplicación de la PAC en España, que recoge la gran variedad de la realidad agronómica de España.
Agricultura ha recordado que la PAC, que cuenta con un presupuesto de 47.724 millones de euros, constituye un "instrumento muy potente" para apoyar a los agricultores y ganaderos en los retos sociales, económicos y medioambientales que deben afrontar en los próximos años.
El plan estratégico español tiene como objetivo mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, favorecer el relevo generacional y la incorporación de la mujer, procurar una producción de alimentos más sostenible que consuma menos recursos naturales y preserve la biodiversidad e impulsar la innovación y la digitalización de la actividad agraria.