La Comisión Europea presentará este martes medidas "concretas" para compensar a los agricultores europeos del sector hortofrutícola por las pérdidas sufridas a raíz de la crisis sanitaria y alimentaria por la bacteria 'E.coli', cuyo origen fue achacado inicialmente por las autoridades alemanas a unos lotes de pepinos procedentes de España.
"Puede que no haya una propuesta legislativa sobre la mesa, pero seguro discutiremos medidas concretas", ha informado en rueda de prensa el portavoz de Agricultura del Ejecutivo comunitario, Roger Waite, que no ha querido dar más detalles sobre la cuantía de las posibles ayudas ni del tiempo que sería necesario para ponerlas en marcha.
Para que los ministros de Agricultura de la Unión Europea, que se reúnen este martes de manera extraordinaria en Luxemburgo para tratar este asunto, puedan tomar una decisión "formal" sobre las indemnizaciones es necesario primero que Bruselas presente una propuesta legislativa. El portavoz ha dicho que es posible que tal propuesta no esté ultimada para mañana pero ha confiado en que los 27 logren un acuerdo sobre la base.
Además, ha recalcado que el consumo de frutas y verduras ha caído "en el conjunto de la UE" para evitar hablar de ayudas a un país concreto. "Se trata de un problema europeo y es necesaria una respuesta europea", ha apuntado.
Los servicios de la Comisión mantienen contactos con las distintas delegaciones para evaluar el impacto económico real de esta crisis en los agricultores de toda la Unión Europea y el martes habrá también una reunión del comité de gestión de la UE (expertos de los 27) para estimar los daños, ya que las cifras varían mucho según cada país.
El sector hortofrutícola en España ha calculado pérdidas por valor de 200 millones de euros semanales desde que se apuntó a los pepinos españoles como fuente de la contaminación. Los mercados de varios Estados miembros, entre ellos Alemania, Bélgica y Austria, cerraron sus puertas de manera parcial o total a los pepinos y otras hortalizas españolas en los primeros días de la crisis. Y Rusia ha extendido su veto a todas las frutas y verduras procedentes del mercado de la UE.
El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ya advirtió la semana pasada de que el margen del Ejecutivo comunitario para ayudar al sector en esta crisis era "muy limitado" pero se comprometió a estudiar las alternativas y "todas las opciones legales posibles", que beneficien tanto a los agricultores que pertenecen a agrupaciones como los que no.
Entre las compensaciones posibles, Bruselas plantea las ayudas para retirar parte de la producción del mercado que permite la Política Agraria Común (PAC) y que están cofinanciadas por los Estados miembros, si bien estarían limitadas al 5% del volumen total de producción, con cierta flexibilidad para alcanzar el 10% de la producción. Otro instrumento que estudiarán los ministros el martes son la concesión de ayudas de Estado a los agricultores.
En cualquier caso, Bruselas ha dejado claro que aún confirmándose esta información no ve necesario activar el sistema de alerta europeo porque "ningún lote (de esta soja) parece haber sido exportado, ya sea al resto de la UE o a un país tercero".
