Cada año se llevan a cabo en nuestro país cerca de 440 donaciones en vivo, tanto a adultos como a niños. Familiares o amigos que donan a sus seres queridos sus órganos para que éstos puedan vivir. A la preocupación por que todo salga bien se une otra: que no hay consecuencias laborales.

Y es que el hecho de que la figura del donante vivo no esté reconocida legalmente está acarreando ciertos problemas laborales. No se trata de que las empresas actúen bien o mal. Se trata de que no tienen un marco legal con el que actuar.

En la actualidad, la persona que decide donar un órgano sólo tiene derecho a la baja laboral por la intervención quirúrgica como tal. Durante el tratamiento médico, las pruebas y la recuperación no sirven los justificantes médicos.

La HEPA (Asociación Española de Ayuda a Niños con Enfermedades Hepáticas y Trasplantados Hepáticos) pide que se acabe con ese vacío legal. Que se equipare la situación de los donantes en vivo como la que viven, por ejemplo, las embarazadas.

Si se reconociera legalmente la figura del donante vivo las empresas sabrían exactamente cuánto tiempo sus trabajadores estarían de baja. Normalmente todo el proceso, entre pruebas médicas, operación y recuperación, suele durar una media de cuatro meses. Una baja laboral que sería asumida por la Seguridad Social.

Ahora mismo, y debido a ese vacío legal, hay médicos que están dando la baja por depresión a donantes en vivo para justificar ante la empresa la ausencia de su puesto de trabajo y poder hacerse así las pruebas médicas o recuperarse de la operación. Una intranquilidad laboral que, según la Organización Nacional de Trasplantes, está provocando que descienda el número de donaciones en vivo.

La HEPA ha iniciado dos campañas para acabar con la desprotección del donante vivo. Por un lado, una recogida de firmas a través de la plataforma change.org y por otro una toma de contacto con los grupos políticos. Quieren que todos estén de acuerdo para presentar una Proposición No de Ley que se presente en el Congreso.