Recorremos calles en Zamora con aceras que se han ensanchado y vemos ya listas cámaras de control de vehículos en Ponferrada. Algunos ayuntamientos, de los nueve que tienen que implantar la Zona de Bajas Emisiones en Castilla y León, todas las capitales, salvo Soria más Ponferrada, han hecho los deberes. Otros avanzan lento y piden tiempo.
"Somos muchas las ciudades que no tenemos todo el servicio preparado porque nos falta detalles técnicos", justifica José Mazarías, alcalde de Segovia, una ciudad que ha pedido prórroga hasta finales de 2024.
Un año más, quizás dos, pide Burgos. "En ese escenario tenemos margen de maniobra para proceder a la implantación de una forma racional", comenta el concejal de Movilidad del Ayuntamiento, José Antonio López.
Valladolid también pretende reducir el proyecto original para cumplir con el mínimo legal. Lo mismo que Ponferrada, pendiente aún de aprobar la ordenanza municipal que regule la zona y señala al proyecto de la anterior corporación. "La ZBE del PSOE es un atentado contra la movilidad y el futuro comercial de Ponferrada", denuncia Marco Morala, alcalde de la ciudad. Pide una moratoria para su implementación hasta 2028 y asegura que cumplirá con la exigencia europea.
Así tendrán que hacer las 188 ciudades en toda España. De lo contrario, millones de euros de subvenciones financiadas con fondos europeos, están en riesgo y se tendrían que devolver.
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