La Comisión Europea propondrá este jueves una reforma de la política agraria común (PAC) que permita un reparto "más equilibrado" de las ayudas directas que reciben los agricultores, eliminando las referencias históricas que en principio favorecen a los antiguos Estados miembros como Francia y España, y que apueste por un reparto más "justo" entre países y entre sectores, premie los esfuerzos para proteger el medio ambiente y prime a las zonas más desfavorecidas.

El objetivo de esta reforma es también "justificar mejor ante el contribuyente" el gasto agrícola de la UE, que actualmente suma cerca de 60.000 millones de euros, en torno al 40% del presupuesto total. España, uno de los principales benefactores de esta política, recibe unos 7.500 millones de euros.

Los Estados miembros más jóvenes se quejan de una diferencia enorme entre los pagos que reciben sus agricultores --vinculados al tamaño de sus explotaciones-- y las ayudas a los productores de los países más veteranos, que se calculan con un método que tiene en cuenta datos históricos y beneficia a los que más produjeron entre 2000 y 2002.

Los agricultores más eficientes reciben mejores subsidios y eso "evidentemente, no es justo", han admitido fuentes europeas consultadas, que han señalado la necesidad de encontrar "criterios más objetivos" para fijar un nuevo sistema de reparto.

Así las cosas, el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, es partidario de eliminar esos derechos históricos por los que un agricultor griego recibe como media 500 euros por hectárea, mientras que un letón recibe menos de 100.

Este cambio perjudicaría en principio a los viejos Estados miembros como España, aunque fuentes comunitarias han advertido de que los agricultores españoles reciben subsidios por debajo de la media europea, que es de 280 euros por hectárea.

La nueva ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ya dijo al asumir el cargo que la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos españoles será un "objetivo irrenunciable" durante la negociación de la nueva PAC, en donde apostará por un "adecuado presupuesto y distribución".

Así las cosas, Ciolos abre el debate sobre la reforma con un documento "conceptual" que no detalla los criterios para nuevas fórmulas. Las nuevas perspectivas económicas para el periodo que comienza en 2013, cuando caduca el actual, no se darán a conocer hasta mediados del próximo año y el comisario quiere saber de cuánto dinero dispone antes de concretar más sus ideas. La propuesta legislativa "con cifras, criterios y evaluación de impacto" llegará previsiblemente en julio de 2011.

En cualquier caso, el comisario apuesta por reemplazar el cálculo actual para las ayudas directas por otro que combine distintos factores. Partir de un pago "base" por hectárea y por región fijado a partir de criterios aún por determinar y que podrían valorar desde su impacto en el empleo, la superficie o el poder adquisitivo del beneficiario, lo que permitiría fijar un "techo" para que los más ricos no sean los que más se beneficien.

A esa prima base se sumarían otra para zonas desfavorecidas --aunque no está claro si entre ellas se incluiría a las regiones ultraperiféricas como Canarias-- y una tercera con la que incentivar buenas prácticas medioambientales que no son rentables para el agricultor, como el barbecho ecológico, los pastos permanentes o la rotación de cultivos.

La propuesta en la que trabaja el comisario Ciolos también contempla reforzar la innovación y la competitividad de las explotaciones agrícolas de la Unión Europea y buscar nuevas herramientas para hacer frente a la volatilidad de los precios.