El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zamora declaró este jueves el concurso voluntario de acreedores de la sociedad Instalaciones Pevafersa, que desarrolla su actividad en el sector de la energía solar y se encuentra radicada en la localidad de Toro. La empresa, que cuenta con más de 200 trabajadores, alegó una "situación de insolvencia inminente", según figura en el auto emitido por dicho juzgado, con competencia exclusiva en materia mercantil.

La documentación adjuntada por la empresa a la solicitud de concurso voluntario acredita "la existencia de una situación de insolvencia actual que, según se alega, se ha producido como consecuencia, fundamentalmente, del actual contexto económico y de la variación experimentada en el sector de la energía solar fotovoltaica" con la nueva normativa sobre este tipo de instalaciones, como indica el escrito judicial consultado por la agencia Ical.

La empresa argumenta que la nueva regulación "ha perjudicado la promoción y desarrollo de los denominados ‘huertos solares’ en el mercado español" y que, igualmente, ha influido "en la generación del estado de insolvencia la actual situación del sector en el mercado internacional, en el que el precio de los productos fabricados y comercializados por la deudora ha experimentado una caída en torno al 30 por ciento".

De este modo, el activo de la sociedad alcanza un valor de 115 millones de euros, 7,5 millones por debajo del valor del pasivo, que supera los 122,5 millones. Además, Pevafersa cuenta con "varios procedimientos laborales pendientes, deudas a favor de trabajadores, de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria, que han dado lugar al embargo de ciertos bienes de la deudora", según el auto judicial.

La resolución constata que varios acreedores han reclamado judicialmente el pago de sus créditos y que la sociedad cerró el ejercicio 2010 con unas pérdidas de 23,8 millones de euros. A ello se añade también la tramitación de un expediente de regulación de empleo aprobado por la autoridad laboral el día 8 de abril de 2011, que afectó a la totalidad de la plantilla.

El titular del Juzgado número 2 ha nombrado como administradores del concurso al abogado Manuel López Espina y al economista José Andrés Lorenzo Sánchez y a Bankia como entidad acreedora.