El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha querido dar por zanjada la polémica. En una declaración institucional, ha dicho que en ningún caso se ha planteado modificar los protocolos de atención a las mujeres embarazadas y que solo se moderniza la cartera de servicios y no hay ninguna medida coercitiva. 

"No se va a obligar a nada, ni a los médicos, ni a las mujeres que quieran interrumpir el embarazo", ha explicado el presidente, y matiza que serán ellas quienes tengan que pedir información y no al revés, "porque podría incurrirse en un delito de coacción".

En Madrid no cesan los reproches desde Moncloa. Este lunes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que el protocolo no se ajusta a la legalidad, que es inadmisible y amenaza con acudir a la Justicia si Castilla y León no lo retira. "Están contraviniendo la legalidad vigente. No tienen ámbito competencial para dictarla y, por si esto fuera poco, contraviene los derechos de las mujeres".

Las medidas de fomento de la natalidad entraban hoy en vigor. Por el momento no consta que los profesionales hayan recibido ninguna indicación sobre cómo actuar. Pero el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha llamado al presidente de la Sociedad Española de Ginecología, Javier Martínez-Guisasola, para concertar una reunión en la que se consensuará un nuevo protocolo de asistencia al embarazo.

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