Continúan los trabajos para la posible implantación en Castilla y León de un gravamen a las compañías eléctricas. Impuesto ya existente en varias comunidades autónomas cuya experiencia está siendo mirada con lupa en nuestra región. Los modelos gallego, asturiano y extremeño son, en principio, los que más podrían seguirse.

Sobre el papel la tasa extremeña es la más parecida a la que se busca en Castilla y León. Un impuesto para la producción de energía, pero también para su transporte. En marcha desde 1997, Extremadura fue pionera en este gravamen y hoy en día, tras salvar una sentencia de inconstitucionalidad, su recaudación es cuantiosa.

Menor es lo recaudado en Galicia, en torno a los 12 millones de euros anuales. Un modelo que grava el uso de las grandes presas, aunque no sólo por las eléctricas. En este caso la eficiencia tributa menos.

El modelo gallego, en el caso de Castilla y León, habría que adaptarlo al volumen de nuestros embalses. En Asturias, sin embargo, no es la producción energética sino el transporte lo que hay que pagar.

De la combinación de estos tres modelos podría nacer el que se implante en Castilla y León. Todos ellos reúnen un principio básico: el consumidor no debe notar este impuesto.