En el año 2012 entró en vigor la Reforma Sanitaria con un epígrafe muy propio de las crisis: medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario. Pero de este Real Decreto de lo que más se habló fue de la manera en la que a partir de entonces se iba a atender a los inmigrantes sin documentación.

El ministerio de Sanidad dejó entonces bien claro que se seguiría atendiendo a las mujeres embarazadas y a los menores. Sin embargo, en un informe hecho público este lunes, Médicos del Mundo denuncia que desde que entró en vigor esta reforma las desigualdades en salud se han incrementado entre las comunidades autónomas.

Las regiones han ideado diferentes medidas para, a la vez que cumplen la ley, poder atender a los inmigrantes. Castilla y León es una de las cinco autonomías que ha definido algunas excepciones no contempladas en el Real Decreto Ley, como que exista un riesgo para la salud pública.

Sin embargo, desde la Consejería de Sanidad de Castilla y León se asegura que todas las personas son atendidas por SACYL. En 2012 había algo más de cuatro mil personas con su tarjeta sanitaria caducada. Siguieron siendo atendidas en sus centros de salud porque seguían estando registradas en las bases de datos.

Personas que también son atendidas en las urgencias hospitalarias. También es cierto que los centros hospitalarios están obligados, en estos casos, a emitir una factura. Sin embargo, cuando se comprueba que el paciente no tiene recursos se da por hecho que ese dinero no se va a cobrar.

En el año 2012 los hospitales de la región facturaron a particulares, tanto españoles como extranjeros, algo más de cuatro millones de euros. Se recaudó el 66%. Una cifra de la que se desprende que no todos los extranjeros que son atendidos son personas sin recursos o sin documentación legal.

Desde Médicos del Mundo abogan porque haya un mismo criterio en todas las comunidades autónomas.