Desde hoy, ocho anticonceptivos orales femeninos abandonan la lista de medicamentos financiados por la Seguridad Social. Cuando un fármaco está en esta lista, es el Ministerio de Sanidad el que fija el precio máximo del medicamento. Los laboratorios, sin embargo, han decidido que serán ellos mismos los que establezcan el coste de sus productos.

Al Ministerio, esta decisión de las farmacéuticas no le preocupa. Porque no hay ninguna diferencia terapéutica que justifique el baile de precios entre este grupo de anticonceptivos, conocidos como de tercera generación, y otros que sí están financiados. Es decir, los que sigue en la lista son igual de buenos que los que no están en ella.

Las personas que compren estos anticonceptivos serán las que noten el cambio. No sólo porque entre un anticonceptivo financiado y otro que no lo está puede haber una diferencia de siete euros. Si no porque los laboratorios, previsiblemente, y ahora que no están sujetos a lo que dicte el Ministerio, subirán los precios de estos fármacos.