El Gobierno está llevando a cabo la consulta pública sobre la trasposición de la directiva europea de crédito al consumo. España es el único gran país de la Unión Europea que aún no ha puesto en marcha esta normativa que buscar frenar los créditos con intereses abusivos. Las tarjetas revolving o los microcréditos tan solo son algunos ejemplos sobre productos que emplean este tipo de intereses. La falta de formación y, sobre todo, la inmediatez provocan firmar condiciones que pueden ser muy perjudiciales.

Arrojar una mayor trasparencia y poner freno a estos intereses es lo que pretende la directiva europea que el Gobierno tiene que trasponer antes de noviembre de 2026. Limitar los tipos y regular las entidades que pueden conceder estos créditos son dos de sus objetivos, porque hasta el momento las empresas que conceden estos préstamos no están supervisadas por el Banco de España.

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