Ha comenzado la cuenta atrás para la desaparición de los 7.700 jueces de paz, de los que 2.207 están en Castilla y León.  El 14 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público que va a remplazar los Juzgados de Paz por Oficinas de Justicia en municipios que no tengan tribunales de instancia. Se prevé que la tramitación en el Congreso termine en diciembre y que entonces se ponga fecha al final de esta institución.

Luis Gómez Maeso lleva catorce años como juez de paz de La Seca, en la provincia de Valladolid. "Me llama el secretario del Juzgado, que el alguacil, y a los cinco minutos estoy aquí a disposición del señor que ha venido", cuenta. 

Puede presumir de que ha participado en 25 actos de conciliación por conflictos entre sus vecinos, de los que tan solo dos han terminado en los juzgados. En ocasiones, incluso, ha conseguido que las aguas vuelvan a su cauce sin pisar su oficina. "A lo mejor estoy con los vecinos con los que ha surgido el problema, y a lo mejor digo: vamos a tomar un vino, a echar una parlada, y a lo mejor no venimos ni aquí al juzgado".

Es una labor que supone una alta disponibilidad y por la que reciben algo más de 1.200 euros al año en concepto de gratificación.  "Esto es como un voluntariado, es algo que se hace casi desde el altruismo", afirma Amparo Velasco, jueza de Paz de Toreno, en El Bierzo. Nos los cuenta Amparo Velasco desde su despacho como jueza de paz del municipio berciano de Toreno. "Como conoces a los vecinos, tratas de que dialoguen, de que lleguen a un acuerdo", afirma.

Además de mediar en conflictos, desarrollan una importante labor administrativa. "Las actas de nacimiento, de defunción, de matrimonio, divorcios, incluso cambios de sexo que hemos tenido últimamente", detalla Velasco.

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