Nunca antes siete diputados habían hecho valer tanto su voto en el Congreso. Desde que empezó la legislatura en 2023, Junts le ha echado varios pulsos al gobierno central. Una relación que pende de un hilo que se ha estirado tanto que no se sabe cuánto más va a aguantar.

Y ya lo habían avisado que no iba a ser barato su apoyo: "Nosotros no haremos presidente a Pedro Sánchez a cambio de nada", anunció Míriam Nogueras en 2023, tras conocer los resultados electorales. Y no tardó en poner el primer precio: la mesa del Congreso, hacer a Francina Armengol presidenta de la cámara, a cambio de que el catalán fuera cooficial en las Cortes Generales y la Unión Europea así como crear comisiones de investigación para los atentados de Barcelona, el caso Pegasus o la operación Cataluña.

En unas semanas, lo que siempre había sido una línea roja, pronto empezó a diluirse y la amnistía pasó de ser tema tabú a ser una necesidad para la convivencia, a cambio de apoyar la investidura de Sánchez. La tensión continuó con las medidas anticrisis que tras varios órdagos se salvaban sobre la bocina, acordando ceder las competencias de migración a la Generalitat. No pasó ni un mes y la amnistía quedaba bloqueada hasta que el nuevo texto incluyó cualquier delito, también los de terrorismo. Y entonces se desbloqueó y se aprobó en el Congreso.

Las nuevas tensiones pasaron por tumbar el techo de gasto, la regulación de los alquileres de temporada, el pacto fiscal. Sí que hubo acuerdo, eso sí, para hacer a Salvador Illa presidente a cambio de la condonación de la deuda. Y cuando peor estaba la relación y jugaban con romper la relación, pactaron aprobar el segundo decreto ómnibus a cambio de que Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza. Una medida que finalmente los separatistas retiraron al pactar con el PSOE el control de las fronteras catalanas para la Generalitat.

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