El bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial está afectando a la justicia a todos los niveles, incluida la jurisdicción castrense. El juez Fernando González-Alonso se hizo cargo del Juzgado Togado de Valladolid en septiembre. Se encarga además del área del Juzgado de Burgos que está vacante desde 2018, afectado por el bloqueo institucional. Ese puesto depende del Ministerio de Defensa, pero necesita la aprobación del Consejo General del Poder Judicial para poder cubrirlo.

"El parón o el bloqueo del Consejo está impidiendo que se designen jueces militares porque todos tienen que ser designados por el pleno por el proceso de nombramiento discrecional",  asegura, Fernando González-Alonso, juez del Juzgado Togado Militar de Valladolid

González-Alonso actúa como juez instructor de 15 provincias, las que dependen de los juzgados militares de Castilla y León. El de Valladolid abarca Palencia, Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia, León y Asturias y el de Burgos, Soria, La Rioja, Cantabria y las tres del País Vasco. Es un ingente territorio en el que en el último año los dos juzgados han dictado más de 70 autos. Con la profesionalización del ejército esos casos han sustituido al abandono de destino como supuestos más frecuentes.

Los dos juzgados de Castilla y León investigan y después envían sus autos para que los casos sean juzgados en el Tribunal Militar Cuarto de La Coruña, al que ambos están adscritos.