El cementerio del pueblo de San Pelayo, en Valladolid, lleva ocho años siendo propiedad de la Iglesia sin saberlo el ayuntamiento o los vecinos de la zona. El arzobispado lo inmatriculó en 2013, es decir, lo inscribió por primera vez en el registro de la propiedad. Algo que no ha gustado en la localidad. La intención de la alcaldesa es recuperar el camposanto: "Estamos recopilando información, además, no entendemos para que lo quiere la Iglesia católica".

Pero las asociaciones que luchan en contra de estas inmatriculaciones, como la agrupación Recuperando Castilla y León, advierten que ir al juzgado es una "auténtica trampa" y que la clave es declarar la nulidad de las inmatriculaciones de la Iglesia con el certificado del obispo. Aseguran que la publicación de este listado es una "amnistía registral", una salida en falso del gobierno socialista.