El hasta ahora secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, es de los pocos cargos destacados del Gobierno que permanecía en su mismo puesto desde la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa en 2004. A pesar de no tener ningún pasado en el campo de la seguridad, este fiscal de carrera lleva ya siete años como 'número dos' de este Departamento, primero bajo la dirección de José Antonio Alonso (entre 2004 y 2006) y hasta ahora con Alfredo Pérez Rubalcaba.
Uno de los activos de Camacho a la hora de ser designado sustituto es que se trata de una persona de la total confianza de Rubalcaba y estrecho colaborador al tiempo que los años le han convertido en el mejor conocedor del Ministerio, algo que ha sido considerado suficiente para el presidente de cara agotar los próximos meses de legislatura.
Zapatero, con la recomendación de Rubalcaba, ha apostado de este modo por el continuismo en lugar de designar a una persona ajena al funcionamiento diario del Ministerio, quien hubiese necesitado un tiempo de adaptación para un periodo que no se antoja lo suficientemente largo como para poder aplicar sus propias políticas.
El tiempo de Camacho como Secretario de Estado de Seguridad ha coincidido en la lucha contra el terrorismo con la última negociación entre un Gobierno y la banda entre marzo de 2006 y junio de 2007. También con una fase de gran operatividad de las Fuerzas de Seguridad y un alto número de detenciones y desarticulación de comandos de la banda terrorista ETA. Sólo desde la llegada de Rubalcaba al Ministerio han sido detenidos más de 530 etarras y en torno 200 integrantes de la 'kale borroka'.
'Caso chivatazo'
No obstante, el nombre de Camacho también ha estado involucrado en la investigación de uno de los puntos más oscuros dentro de la lucha antiterrorista: el 'caso chivatazo' en el que se investiga un soplo policial que frustró una operación contra la red de financiación de ETA que operaba en el bar Faisán de Irún en mayo de 2006, en pleno proceso de diálogo con la organización criminal.
La asociación Dignidad y Justicia (DyJ), personada como acusación particular en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, solicitó la declaración de Camacho ante el juez instructor Pablo Ruz debido a que en las horas previas a la delación policial, el secretario de Estado de Interior cruzó varias llamadas con el principal imputado, el ex jefe Superior de Policía Víctor García Hidalgo.
En concreto, esas llamadas se habían realizado desde el móvil del propio Camacho y un teléfono fijo titularizado por el Ministerio del Interior. Desde este Departamento siempre enmarcaron estas llamadas en la normal actividad del secretario de Estado de Seguridad y el jefe de la Policía entre los que eran habituales estas comunicaciones. Finalmente, tanto el juez Ruz como la Sección Segunda de la Sala de lo Penal rechazaron la declaración de Camacho en la Audiencia Nacional.
Sucesión esperada con dudas
Desde que el nombre de Camacho sonó como candidato a convertirse en ministro, algunos de sus colaboradores en Interior no ocultaban sus dudas alegando que en ese Departamento "puede ser más complicado cambiar al Secretario de Estado que al propio titular de la cartera".
Advierten de que el cargo de ministro tiene un perfil básicamente político mientras que es sobre la Secretaría de Estado sobre la que pivota día a día toda la estructura de un Departamento complejo y con una gran necesidad de coordinación entre distintos estamentos y cuerpos policiales.
Además Camacho se ha bregado especialmente en multitud de comparecencias parlamentarias tanto en el Senado como en el Congreso donde ha tenido que hacer frente a las interpelaciones de la oposición y ha adquirido experiencia y conocimientos sobre seguridad en numerosas cumbres internacionales y reuniones comunitarias --domina el inglés-- en las que en varias ocasiones sustituyó al propio ministro.
A lo largo de estas dos legislaturas estas han sido las principales funciones de Camacho, quien desde septiembre de 2006 ha trabajado junto a la figura del Mando Único de Policía y Guardia Civil, que desempeñaron Joan Mesquida entre 2006 y 2008 y desde entonces Francisco Javier Velázquez.
Esta unificación fue una apuesta del Ejecutivo socialista, pero en caso de ganar el PP las elecciones será modificada de nuevo y se retornará a la estructura tradicional de un máximo responsable en la Policía y otro en la Guardia Civil.