¿Tiene cabida en el ordenamiento español?, ¿es constitucional?, ¿es un blindaje de por vida? Son solo algunas de las confrontaciones que está provocando la propuesta de ley de amnistía entre jueces y magistrados.
Más de 800 se han manifestado este martes a las puertas de las audiencias provinciales de Salamanca, Sevilla, Huelva, Cádiz y Jaén en rechazo al pacto entre PSOE y Junts. Posición que también ha suscrito el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por contar con expresiones que traslucen "alguna desconfianza" hacia el Poder Judicial.
Mientras el debate está encendido y se lanzan argumentos a favor y en contra sobre la constitucionalidad de la ley. "¿Quién tiene que resolver esa dicotomía? El Tribunal Constitucional", cuestiona el juez decano de Salamanca, Juan Rollán. Porque no a todos les convence el hecho que se insista tanto en que es "impecable". Como lo ha dejado claro el Gobierno tanto en declaraciones a los medios como en el propio texto de la ley.
Un texto que parece sólido para entrar en el marco constitucional, pero que algunos critican que tiene grietas."Estamos ante un edificio que pretende mantenerse sólido, pero que se tambalea y que hacen que el edificio sea inestable", critica Jorge Fernández, portavoz Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Inestable, dicen, por cláusulas como la que aparece en el artículo 4. En esas líneas logran esquivar la cuestión de inconstitucionalidad que previsiblemente planteará el Supremo para mantener las medidas cautelares hasta que hable el Constitucional.
"Y uno no puede de ninguna forma cambiar la naturaleza de una institución jurídica por la puerta de atrás. Si esto se quiere hacer así que se reforme la ley orgánica del Tribunal Constitucional", defiende la catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, Teresa Freixes. También porque se excluyen los delitos de odio y se plantea un blindaje de por vida. Son algunas de las grietas de una ley que iniciará trámite parlamentario después de la investidura.
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