Los sindicatos rechazan totalmente el borrador del Gobierno que regula los despidos colectivos en el sector público.

Un reglamento que permite los EREs en la administraciones que sufran una reducción de su presupuesto en un 10%. Sólo los funcionarios quedarían al margen de una medida que Comisiones Obreras considera injusta, entre otros motivos, porque es la propia administración la que decide sus cuentas.

La reducción del presupuesto en un 10% será el único requisito. A partir de ahí el sector publico podrá llevar a cabo el despido de parte de sus personal no fijo. Eso es al menos lo que plantea el borrador presentado por el Gobierno como parte de la reforma laboral. Un reglamento que los sindicatos rechazan al ser la Administración juez y parte.

Cerca de un 30% de los 211.000 empleados públicos de Castilla y León podrían verse afectados. Personal laboral de organismos, entes y entidades que a diferencia de los funcionarios no cuenta con plaza. Estos, quedarían al margen.

De momento, los sindicatos ya han presentado sus alegaciones, aunque son pesimistas respecto al interés del Gobierno por negociar.

En el aire, otro temor. Que esta medida sea el primer paso para una futura privatización de servicios públicos.