Si cogemos la Constitución, en su artículo 162, y la ley orgánica del propio tribunal, en su artículo 32, vemos que las comunidades autónomas están legitimadas para poder recurrir una ley nacional. Eso sí, siempre que afecte al ámbito propio de su autonomía. "Es un mecanismo que de integración de las comunidades en el Estado", explica Miguel Pérez Moneo, profesor de Derecho Constitucional de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial.

Por eso todo apunta a que el alto tribunal debería aceptar los 16 recursos, 15 de comunidades gobernadas por el Partido Popular más Castilla-La Mancha, del PSOE. Aunque ese paso está en revisión, dejándoles suspendidos hasta que los letrados tomen una decisión. La resolución de la ponencia de la magistrada Laura Díez podría conocerse en noviembre. 

"La principal objeción es que si la ley del Constitucional dice a su propio ámbito de autonomía, eso colisiona con que haya 16 recursos. No podemos tener clones de recursos", comenta Esther Seijas, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de León.

Una de las claves va a ser determinar cómo afecta una medida singular al resto de comunidades. Por ejemplo, en el caso de Castilla y León, en el recurso expusieron que se rompían los principios de igualdad y de igualdad territorial, afectando a los castellanos y leoneses residentes en Cataluña y las empresas con sede en esa comunidad: "Cuando la ley habla de normalización, ahí esa normalización afecta al interés general y coge relevancia la igualdad territorial, que es yo creo el punto que va a ser interesante en este debate", añade Seijas.

Desde la Junta esperan con tranquilidad la resolución. Aunque confía que los recursos llegarán al pleno siguiendo la doctrina que se viene utilizando desde hace más de 40 años. Primero se resolverá el recurso de Aragón, por ser el primero en registrarse. Lo que ahí se decida afectará al resto.

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